La Defensoría del Pueblo en Tingo María ha hecho un llamado contundente a la autoridad edil del distrito de Castillo Grande, en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, para que tome medidas inmediatas en relación al estado alarmante de las carreteras, especialmente con un enfoque en la seguridad de los motociclistas.
En un comunicado dirigido al alcalde distrital, Jonatan Ubaldo Garay, la Defensoría del Pueblo ha compartido los resultados de su inspección en las principales vías del distrito, en particular aquellas alrededor de la plaza de Armas. El propósito de esta revisión fue identificar problemas que podrían afectar el derecho fundamental de los ciudadanos a un tránsito seguro.
Entre los hallazgos notables, resalta la condición preocupante de la cuadra 1 de la avenida José Abelardo Quiñones, una vía fundamental de acceso al distrito. Esta cuadra exhibe grietas y parches de asfalto deteriorado que han causado irregularidades en la carretera. Igualmente, el tramo entre las cuadras 1 y 4 de la avenida José Carlos Mariátegui muestra fisuras preocupantes, además del reductor de velocidad que está en pésimas condiciones, sin señalización adecuada y con partes metálicas expuestas.
La atención se centra particularmente en el tramo entre las cuadras 5 y 8 de la avenida José Carlos Mariátegui. Aquí, se han detectado grietas que plantean un riesgo sustancial para los peatones y, sobre todo, para los motociclistas, quienes también enfrentan la falta de señales que adviertan sobre la presencia de reductores de velocidad. Esta situación se ve agravada por la falta de mantenimiento de los reductores, especialmente los cercanos a las instituciones educativas José de San Martín y Jesús Sabiduría.
Una problemática similar se reproduce en el caso del reductor de velocidad ubicado en la cuadra 14 de la avenida Unión, justo frente a la institución educativa César Vallejo, que alberga a casi mil estudiantes. Esta estructura se encuentra en un estado lamentable, llena de agujeros y sin la señalización adecuada.
La situación empeora aún más en el tramo de la avenida Unión entre las cuadras 1 y 15. A lo largo de esta extensión, se observan grietas y baches, y las reparaciones previas también presentan daños, posiblemente debido a materiales inadecuados y la falta de mantenimiento. Además, una de las tapas de concreto que cubre un canal en la intersección de la avenida Unión y el jirón Miguel Grau se encuentra en estado de deterioro, lo que ha llevado a accidentes frecuentes que involucran a peatones, motociclistas y conductores.
La Defensoría del Pueblo enfatiza en el recordatorio a la autoridad edil sobre las responsabilidades relacionadas con el transporte, el tráfico y la seguridad vial en general. Estas obligaciones están claramente establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en regulaciones específicas como el Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
Ante la constatación de que el incumplimiento de estas responsabilidades va en contra del mandato otorgado por la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo urge al municipio de Castillo Grande a elaborar y poner en práctica un plan de mantenimiento vial. Este plan debe abarcar aspectos cruciales como la implementación de señalización adecuada y la rehabilitación de los reductores de velocidad (rompemuelles). El objetivo es asegurar la seguridad tanto de peatones como de motociclistas en estas vías.
Fuente: Defensoría del Pueblo