La propuesta del alcalde de El Rímac para limitar el uso de pasajeros en motos busca combatir la delincuencia, pero podría generar conflictos con los motociclistas que usan este medio para su día a día.
El alcalde de El Rímac, Néstor de la Rosa, ha lanzado una propuesta controvertida: prohibir que las motocicletas lineales lleven pasajeros, permitiendo solo al conductor circular en ellas. Su justificación es clara, “estamos en una situación de guerra”, refiriéndose al uso de motos en actividades delictivas. Sin embargo, esta medida podría afectar gravemente a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte familiar y diario.
Aunque De la Rosa argumenta que esta propuesta es temporal y necesaria para frenar la inseguridad en las calles, la comunidad de motociclistas ya ha mostrado inquietudes. Para muchos, la moto es una herramienta indispensable de trabajo y un vehículo de transporte eficiente. Limitar su uso podría perjudicar a conductores honestos que no deben ser castigados por actos delictivos cometidos por otros.
El alcalde también ha instado al Congreso a apoyar esta iniciativa para que se convierta en ley con carácter de urgencia. Aunque la inseguridad es un tema prioritario, es esencial considerar el impacto que esto tendría en la movilidad de miles de ciudadanos. “Si logramos que solo se permita circular al conductor, estoy seguro de que ayudará a la ciudad”, comentó De la Rosa, sin embargo, esto no necesariamente soluciona el problema de raíz.
Es importante subrayar que la solución a la inseguridad debe pasar por medidas que no perjudiquen a los motociclistas que dependen de sus vehículos. La estigmatización de quienes usan motos lineales solo aumenta la presión sobre un colectivo que, en la mayoría de los casos, utiliza este medio para trabajar o movilizarse.
Por último, De la Rosa reconoció que existirán oposiciones, sobre todo por parte de asociaciones de motociclistas. Sin embargo, reiteró la necesidad de aplicar esta medida ante lo que considera una crisis de seguridad en la ciudad. Mientras el debate continúa, es crucial que cualquier regulación busque un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos de los motociclistas.