El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, propuso prohibir las motos durante el estado de emergencia para combatir la delincuencia.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, ha planteado una medida que busca prohibir la circulación de motocicletas en su distrito durante los 60 días que dure el estado de emergencia. Según el burgomaestre, las motos están implicadas en el 90% de los homicidios y en otros delitos como robos y extorsiones. La finalidad de esta restricción sería reducir significativamente la criminalidad en la zona.
Castillo explicó que muchos delincuentes utilizan motocicletas para desplazarse con rapidez y cometer actos delictivos. Por ello, considera que limitar su uso durante este periodo permitiría frenar el accionar del crimen organizado en Los Olivos, uno de los distritos más afectados por la inseguridad.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia entre los motociclistas, quienes ven en ella una medida excesiva que afecta su derecho al libre tránsito. Muchos motorizados dependen de sus motos para trabajar, como es el caso de los repartidores y otros ciudadanos que utilizan este vehículo como medio de transporte diario.
El alcalde también destacó la necesidad de empadronar a todos los motociclistas que utilizan la moto para trabajar, con el fin de diferenciarlos de aquellos que lo hacen para cometer actos ilícitos. Además, propuso la implementación de un sistema de identificación mediante códigos QR que permitiría un mejor control de los vehículos en el distrito.
Pese a sus intenciones, la iniciativa no ha sido bien recibida por el gremio motero, que ha señalado que la medida afectaría principalmente a los ciudadanos honestos que utilizan este medio de transporte para ganarse la vida. Además, advierten que las soluciones deben enfocarse en la mejora de la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones, sin limitar los derechos de los ciudadanos.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también se pronunció sobre la propuesta, mencionando que el Tribunal Constitucional ya ha advertido que la prohibición de las motocicletas podría violar derechos fundamentales. Por ello, sugirió revisar la medida con cautela antes de tomar cualquier decisión.
Finalmente, asociaciones de motociclistas y gremios de repartidores han manifestado su rechazo tajante a la propuesta de Castillo. Insisten en que se debe mejorar la seguridad sin restringir la movilidad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que utilizan sus motos para trabajar y contribuir a la economía del país.