Una sesión extraordinaria fue convocada recientemente para el jueves pasado, y el especialista Martín D’Azevedo ha señalado posibles irregularidades en este procedimiento.
El alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, lideró el acto de entrega de 400 motocicletas a la Policía Nacional el viernes 22 de marzo. Tres funcionarios municipales, Abdul Miranda Mifflin (gerente de seguridad ciudadana), Pablo Paredes Ramos (jefe de la oficina general de administración) y Ernesto Blanco Serrano (jefe de bienes e inventario), firmaron el acta de transferencia, a pesar de la falta de aprobación del concejo municipal de Lima, requerida por ley.
La entrega se realizó sin el acuerdo previo del concejo municipal, que fue convocado en sesión extraordinaria el jueves 4 de abril. En esta reunión, se abordó el “proyecto de acuerdo de concejo que aprueba la afectación en uso por el periodo de un año de los cuatrocientos (400) bienes muebles, motocicletas marca Honda”.
El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, confirmó la convocatoria a sesión extraordinaria para el jueves al mediodía, y destacó que el tema de la transferencia de motocicletas nunca se había discutido previamente en ninguna reunión similar. Espinoza Velarde anunció su voto en abstención.
El hecho se considera irregular, ya que la agenda de la sesión estableció que el acuerdo municipal sobre la entrega de las motocicletas sería aprobado “con eficacia anticipada al 22 de marzo de 2024”.
El experto en derecho municipal, Martín D’Azevedo García, calificó el acto como irregular y señaló que primero se debe obtener el acuerdo del concejo municipal para la disposición de los bienes. Además, señaló que la figura de la “eficacia anticipada” no es aplicable en este contexto, ya que se trata de bienes públicos.
D’Azevedo también destacó la obligación del acuerdo previo del concejo municipal según lo estipulado en los artículos 59 y 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
El experto advirtió sobre posibles responsabilidades, considerando que tres funcionarios municipales ya han firmado un acta sobre la entrega de las motocicletas. Señaló que esto podría constituir una infracción administrativa y que, de ser aprobado por el concejo en la próxima sesión, también implicaría una infracción administrativa por intentar regularizar una situación irregular.