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La Municipalidad de San Martín de Porres ha aprobado una controversial ordenanza que prohíbe que dos personas circulen en una moto lineal. Esta medida, que busca reducir la delincuencia en el distrito, ha generado malestar entre los motociclistas, quienes consideran que se les está castigando injustamente por actos que no cometen.
El Concejo Municipal votó de manera unánime para implementar esta normativa, justificándola como un esfuerzo por combatir la ola de delitos cometidos con motos. Sin embargo, la medida está afectando directamente a quienes dependen de sus motos para transportarse, trabajar o incluso trasladar a familiares. En lugar de resolver el problema de la delincuencia, los motociclistas argumentan que esta ordenanza los convierte en víctimas de una generalización injusta.
La sanción incluye una multa equivalente al 2% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la retención del vehículo, lo que representa una fuerte carga económica para los usuarios. Para quienes utilizan la moto como herramienta de trabajo, esta normativa complica aún más su situación, afectando sus ingresos y su movilidad diaria. En lugar de imponer restricciones generales, se debería apostar por un mayor control policial y operativos focalizados que persigan directamente a los delincuentes.
Muchos motociclistas consideran que esta medida solo incrementa el estigma hacia ellos, asumiendo que cualquier moto con dos personas es utilizada para actividades ilícitas. En la realidad, gran parte de la comunidad motera utiliza su vehículo para fines legítimos, ya sea para el transporte de familiares o para trabajos como el delivery, que requieren precisamente llevar a otra persona a bordo. Este tipo de normativas, según los afectados, solo limitan su libertad sin atacar las verdaderas causas de la inseguridad.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, y será aplicada durante todo el periodo del estado de emergencia. A pesar de que distritos vecinos han implementado restricciones similares, los motociclistas señalan que estas normativas no han demostrado una reducción significativa de la delincuencia, lo que cuestiona su efectividad real.
La nueva ordenanza de San Martín de Porres parece estar más enfocada en restringir a los motociclistas que en resolver el problema de la inseguridad. Los conductores de motos exigen un enfoque más justo, que se centre en la criminalidad real sin afectar a quienes usan sus motos de manera legal y responsable.
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