El SOAT, esencial para la circulación vehicular, se ignora ante la falta de fiscalización. Entre 2021 y 2023, 1,505 motos accidentadas carecían de este.
Las motocicletas, omnipresentes en el país, constituyen un parque vehicular con escasa regulación y supervisión. A pesar de las infracciones frecuentes de los motociclistas, quienes desafían prohibiciones de tránsito, se enfrentan a la mayor cantidad de accidentes mortales en comparación con otros vehículos. Entre 2021 y 2023, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se documentaron 2,108 accidentes de motos.
De este total, apenas el 28.4% tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, evidenciando un incumplimiento generalizado de la normativa. Además, el 60.6% de las motos accidentadas carecían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), revelando falencias en la fiscalización de vehículos menores. Alfonso Flórez, gerente general de la fundación Transitemos, alerta sobre las deficiencias en la supervisión, indicando que la Policía Nacional del Perú enfrenta desafíos para hacer cumplir las leyes de tránsito.
El incumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, que exige SOAT o Certificados Contra Accidentes de Tránsito (CAT), es una de las principales problemáticas. Eduardo Chávez de Piérola, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), señala que solo el 30% de las motocicletas tiene SOAT, generando un riesgo significativo en un parque de 2,110,087 motos al 2022. Este incumplimiento es especialmente notable en motos, ya que no pueden acceder a CAT, destinados a vehículos de transporte público.
La siniestralidad de las motocicletas es un tema crítico, ya que representan el doble de desembolsos para gastos médicos en comparación con otros vehículos. La falta de protección estructural de las motocicletas contribuye a esta alta siniestralidad. El presidente del Consejo Administrativo de la fundación Transitemos, Edwin Derteano, destaca la falta de regulación efectiva en el sector de las motocicletas, con deficiencias en la emisión de licencias y la escasa capacidad de fiscalización.
En este contexto, la necesidad de abordar estos desafíos se vuelve evidente para promover un entorno de tráfico más seguro y responsable, destacando la urgencia de implementar medidas efectivas que mejoren la seguridad vial y reduzcan los riesgos asociados al uso de motocicletas en el país.