Una propuesta legislativa que podría cambiar significativamente el sistema de sanciones de tránsito en el Perú dio un importante paso en el Congreso. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó un proyecto de ley que plantea reducir hasta en 50% el monto de las multas aplicadas a conductores por infracciones de tránsito.
De aprobarse la norma, las multas leves, graves y muy graves tendrían montos considerablemente menores a los actuales.
La iniciativa propone modificar el criterio utilizado para calcular las sanciones económicas. Actualmente, las multas se determinan tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo valor para 2026 es de S/ 5,500. El proyecto plantea que las sanciones se calculen sobre la base de la Remuneración Mínima Vital (RMV), actualmente fijada en S/ 1,130.

Según los impulsores de la propuesta, el objetivo es hacer que las multas sean más proporcionales a la realidad económica de los ciudadanos. Argumentan que el incremento constante de la UIT ha provocado que muchas sanciones alcancen montos difíciles de asumir para una gran parte de conductores y familias peruanas.
De aprobarse finalmente la norma, las infracciones leves podrían ser equivalentes hasta al 10% de la remuneración mínima, las graves hasta el 25% y las muy graves hasta el 50% del sueldo mínimo. Esto supondría una reducción considerable respecto a los montos actuales calculados en función de la UIT.

La propuesta ha generado opiniones divididas. Sus defensores consideran que permitirá sanciones más justas y acordes a la capacidad económica de los conductores, mientras que algunos especialistas advierten que una reducción excesiva podría disminuir el efecto disuasivo de las multas y afectar los esfuerzos por mejorar la seguridad vial.
Tras recibir el respaldo de la Comisión de Transportes, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo y ser debatido en instancias posteriores antes de una eventual aprobación definitiva. De concretarse, miles de conductores, incluidos motociclistas y transportistas, podrían verse beneficiados con un nuevo esquema de sanciones económicas.

