Representantes de asociaciones se reunieron con el MTC y la PCM para buscar alternativas de formalización. Sin embargo, las normas actuales siguen vigentes y los vehículos que correspondan deben contar con placa, SOAT y licencia.
La situación de las motocicletas eléctricas en el Perú vuelve a estar en el centro del debate. Representantes de asociaciones de usuarios se reunieron con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y una representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar las dificultades que enfrentan miles de propietarios de estas unidades.
Mientras no exista una modificación oficial, los usuarios deben continuar cumpliendo las exigencias actuales para circular legalmente.
Uno de los acuerdos reportados es la posibilidad de instalar mesas de trabajo con diferentes entidades del Estado para analizar alternativas de formalización. También se plantearía una reunión con SUNARP para buscar soluciones al proceso de inmatriculación de estos vehículos, uno de los principales problemas que enfrentan actualmente sus propietarios.
Sin embargo, hay algo que los motociclistas deben tener muy claro: el diálogo no significa que las obligaciones hayan sido suspendidas. El MTC confirmó que no existe ninguna disposición que haya prorrogado o dejado sin efecto la fiscalización.
¿Qué deben tener las motos eléctricas?
De acuerdo con la información publicada sobre la normativa vigente, las unidades cuya velocidad de fabricación supera los 25 km/h son consideradas vehículos motorizados. Por ello deben contar con placa de rodaje, Tarjeta de Identificación Vehicular, SOAT y licencia de conducir B-IIa. Además, no pueden circular por ciclovías ni veredas: deben desplazarse por la calzada.
El problema se vuelve especialmente complejo para quienes compraron estas unidades sin recibir información clara sobre las obligaciones que debían cumplir. Especialistas consultados señalan que durante años existió una falta de información y control que contribuyó a la situación actual.
Por ahora, mientras las autoridades evalúan posibles mecanismos de formalización, los propietarios deben cumplir las reglas que actualmente están vigentes.
La discusión, por tanto, todavía no ha terminado: el reto será encontrar una solución que permita formalizar a los usuarios que tienen dificultades para regularizar sus vehículos, sin dejar de lado la seguridad vial y el cumplimiento de las normas.



