Francia endureció sus leyes de tránsito y ahora los conductores que excedan gravemente los límites de velocidad podrían enfrentar penas de cárcel, además de fuertes multas y suspensión de licencias. La medida busca reforzar la seguridad vial y reducir accidentes en carreteras francesas.
La nueva normativa considera como delito los excesos extremos de velocidad, especialmente cuando el conductor supera ampliamente el límite permitido y pone en riesgo la seguridad de otras personas en la vía pública.
Según medios europeos, las autoridades francesas endurecieron las sanciones debido al incremento de conductas peligrosas relacionadas con carreras ilegales, conducción temeraria y excesos de velocidad registrados en distintas ciudades y autopistas del país.
A todos nos ha podido pillar un radar circulando a más velocidad de la legal, y hemos pagado la multa, o perdido puntos si nos pasamos un poco más. Pero hay que recordar que en España el exceso de velocidad se convierte en un delito penal (Art. 379.1 del Código Penal) cuando se supera el límite en 60 km/h en vías urbanas (110 o más km/h en vía de 50) o en 80 km/h en vías interurbanas (200 km/h o más en vía de 120). Pues a partir del 29 de diciembre de 2025, en Francia superar la velocidad máxima permitida en 50 km/h, será también un delito y no una simple infracción de tráfico.
Con esta modificación legal, los infractores podrían recibir penas de prisión, confiscación del vehículo, retiro de licencia y antecedentes penales, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso.
Especialistas señalan que medidas similares ya existen en otros países europeos como España, donde superar ampliamente los límites de velocidad puede considerarse un delito contra la seguridad vial.
Las autoridades francesas sostienen que el objetivo principal no es aumentar las sanciones económicas, sino generar un efecto disuasivo frente a conductas peligrosas que continúan provocando accidentes graves y víctimas mortales en carreteras.
La nueva regulación ha generado debate entre conductores y asociaciones automovilísticas, mientras el gobierno francés insiste en que la prioridad es proteger la seguridad pública y reducir la siniestralidad vial.
