La reciente decisión de las autoridades de reforzar la fiscalización sobre vehículos eléctricos livianos ha generado la reacción de las principales empresas del sector. A través de un comunicado oficial, la Asociación de Motos Eléctricas del Perú (AMEP) solicitó una ampliación razonable de los plazos de adecuación para los usuarios que deberán cumplir con nuevas exigencias relacionadas con la circulación de determinados vehículos eléctricos.
La medida surge en medio de las acciones impulsadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional, SUNAT y otras entidades, que buscan ordenar la circulación de motocicletas eléctricas livianas y otros vehículos eléctricos que actualmente transitan sin placa, SOAT, licencia de conducir o incluso utilizando espacios destinados exclusivamente para ciclistas.
Según el comunicado, las empresas agrupadas en AMEP respaldan los esfuerzos orientados a mejorar la seguridad vial y la formalización del transporte. Sin embargo, consideran que la implementación de los nuevos requisitos debe realizarse de manera clara, gradual y acorde con las características técnicas de cada tipo de vehículo.
El gremio señaló que actualmente más de 150 mil usuarios utilizan este tipo de unidades como una alternativa de transporte accesible, económica y sostenible. Por ello, consideran necesario establecer criterios precisos sobre clasificación vehicular, requisitos administrativos, condiciones de circulación y mecanismos de fiscalización antes de aplicar sanciones masivas.
Asimismo, la asociación planteó la posibilidad de implementar un régimen transitorio que permita a los usuarios regularizar su situación de manera ordenada y sin afectar a quienes tienen la intención de cumplir con la normativa vigente.
Las empresas firmantes también manifestaron su disposición para trabajar conjuntamente con el MTC, SUNAT, SUNARP y la Policía Nacional del Perú con el objetivo de construir un marco regulatorio que promueva una movilidad eléctrica segura, ordenada y sostenible.
El debate se produce en un contexto donde las autoridades han intensificado los controles sobre vehículos eléctricos que circulan por ciclovías o vías públicas sin la documentación correspondiente. Esta situación ha generado preocupación entre usuarios y empresas, quienes buscan mayor claridad sobre los alcances de la regulación y los plazos para adaptarse a las nuevas disposiciones.
Para el sector, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la formalización de la movilidad eléctrica y la necesidad de no afectar el crecimiento de una alternativa de transporte que ha experimentado una importante expansión en los últimos años.
