La regulación de las motocicletas en el Perú vuelve al centro del debate. En una columna publicada por El Comercio, Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto, sostiene que el país necesita mejorar la seguridad vial, pero advierte que acumular exigencias sin garantizar su cumplimiento puede aumentar la informalidad y perjudicar a quienes utilizan la moto como herramienta de trabajo.
El autor destaca el papel de las motocicletas en la movilidad de miles de familias, especialmente en zonas rurales y sectores de menores ingresos. Según las cifras que cita, el 17,32 % de los hogares peruanos tiene una motocicleta y alrededor del 70 % de estos vehículos circula sin SOAT. También señala que el seguro puede costar entre S/ 500 y S/ 800 al año, una suma que considera necesario revisar para facilitar el cumplimiento de esta obligación.
La columna cuestiona, además, la efectividad de los controles a las motocicletas importadas, la aplicación de las exigencias de emisiones y la implementación del chip RFID en las placas. Cáceres sostiene que las normas deben estar acompañadas de mecanismos efectivos de verificación, para evitar que los usuarios formales asuman los costos mientras otros continúan incumpliendo las disposiciones.
Sin embargo, el planteamiento no propone eliminar las medidas de seguridad. Por el contrario, defiende la prioridad de elementos como los cascos certificados y los frenos ABS, y plantea evaluar alternativas como un SOAT diferenciado según el riesgo y la cilindrada, además de facilitar su pago en cuotas.
El debate deja una cuestión central para el sector motociclista: cómo construir una regulación que proteja vidas, promueva la formalidad y garantice condiciones de competencia justas, sin perder de vista la capacidad económica de los usuarios ni la responsabilidad del Estado de fiscalizar lo que exige.
