SOAT para motocicletas: entre la obligación y el desafío de hacerlo accesible
Los accidentes de tránsito continúan representando un importante problema de salud pública en el Perú. Cada año fallecen alrededor de 3.500 personas por esta causa, con la excepción de 2020 debido a las restricciones aplicadas durante la pandemia. Durante años, las víctimas dependieron de los recursos del conductor responsable o de sus propios medios para recibir atención médica.
Frente a esta situación, el Estado, junto con la industria aseguradora, creó en 2002 el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuyo objetivo es garantizar atención médica inmediata a las víctimas de un accidente, independientemente de quién sea responsable. De acuerdo con el artículo publicado en la revista +Movilidad de la AAP, cerca de dos millones de personas han podido acceder oportunamente a servicios de salud gracias a este seguro.
Sin embargo, el crecimiento acelerado del parque motociclista ha generado nuevos desafíos. Las motocicletas, tanto de combustión como eléctricas, representan actualmente alrededor de 3,5 millones de unidades y aproximadamente la mitad del parque automotor nacional. Aunque ofrecen una alternativa de movilidad económica y eficiente, también presentan una elevada frecuencia de accidentes y consecuencias de considerable gravedad.
Esta situación, sumada al reducido porcentaje de motocicletas aseguradas, contribuye a elevar el costo del SOAT para este segmento. El artículo advierte la existencia de un círculo vicioso: una mayor siniestralidad genera mayores costos por accidentes, estos incrementan las primas, las primas más altas reducen el nivel de aseguramiento y una menor cobertura limita la distribución del riesgo, favoreciendo finalmente la informalidad.
Romper este círculo requiere una estrategia integral. Entre las medidas planteadas se encuentran la reducción de la siniestralidad mediante el uso de cascos certificados, programas permanentes de capacitación, una mejor infraestructura vial y un control efectivo del exceso de velocidad. Pero, además de prevenir accidentes, también resulta necesario encontrar mecanismos que permitan facilitar el acceso al seguro.
Una de las alternativas planteadas es permitir que el SOAT pueda contratarse por periodos menores a un año, tomando como referencia el funcionamiento del SOAT de frontera. Desde la perspectiva de la economía del comportamiento, realizar pagos correspondientes a periodos más cortos podría resultar más accesible para determinados usuarios que asumir el costo completo de una póliza anual.
Otra propuesta consiste en analizar mecanismos para fraccionar el pago del seguro. Una posibilidad mencionada en el artículo es incorporar gradualmente parte del costo del SOAT al precio del combustible, permitiendo que el usuario financie el seguro conforme utiliza su motocicleta.
También se plantea avanzar hacia una tarificación más segmentada. Bajo este esquema, los motociclistas con buenos historiales de conducción podrían acceder a mejores condiciones, evitando que quienes presentan menores niveles de riesgo subsidien a aquellos con mayor siniestralidad. A ello podrían sumarse descuentos por baja siniestralidad, beneficios vinculados a programas de capacitación y otros incentivos para promover la formalización.
Finalmente, el artículo sostiene que reducir la siniestralidad y facilitar el acceso al SOAT deben avanzar de manera conjunta. El objetivo sería que este seguro no sea percibido únicamente como una obligación económica, sino como una herramienta de protección social que permite atender a las víctimas de accidentes, promover una movilidad más segura y reducir el impacto humano y económico de los siniestros viales.
